La ciudad de Washington presentó el viernes una demanda legal para impedir que el presidente Donald Trump asuma el control del Departamento de Policía local. La acción judicial se produjo pocas horas después de que su administración intensificara su intervención en la seguridad pública de la capital, al designar a un funcionario federal como jefe interino de emergencias en dicha institución.
El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, solicitó a un tribunal federal una orden de restricción temporal con el objetivo de frenar esta decisión del gobierno federal, la cual otorga autoridad a un representante del Ejecutivo sobre las fuerzas del orden de la ciudad.
Schwalb calificó la medida como una acción ilegal que podría desatar “un caos operativo” dentro del cuerpo policial de Washington.
La demanda fue presentada luego de que, el jueves por la noche, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunciara que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, será designado como nuevo jefe policial con facultades para autorizar cualquier directiva emitida a los agentes en funciones.
Por el momento, se desconoce cuál será el futuro de la actual jefa del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), Pamela Smith, quien actualmente responde a la alcaldesa de la ciudad.
El fiscal general Brian Schwalb sostiene que esta decisión sobrepasa los límites legales del presidente Trump y advierte que su implementación podría generar un desorden profundo dentro de la fuerza policial.
“Las acciones ilegales de esta administración son un ataque directo a la dignidad y la autonomía de los 700.000 residentes que llaman hogar a Washington D.C. Esta es la amenaza más seria al derecho de autogobierno que hemos enfrentado, y no nos quedaremos de brazos cruzados”, declaró Schwalb.
El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la acción legal, y hasta la mañana del viernes, la Casa Blanca no había emitido una respuesta oficial pese a múltiples solicitudes.
Esta intervención en la fuerza policial representa el más reciente intento del presidente Trump por expandir su poder legal, amparándose en leyes poco conocidas y en una proclamación de emergencia, como parte de su estrategia para reforzar su discurso de mano dura contra el crimen y acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados.
Aunque el gobierno federal sostiene que la ciudad enfrenta una crisis de seguridad, Washington D.C. no atraviesa un colapso del orden público. Pese a problemas como el aumento de personas sin hogar y algunos episodios de violencia, su tasa de homicidios sigue siendo más baja que la de otras grandes metrópolis del país.
