La madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 marcará un antes y un después en la historia contemporánea de América Latina. Tras la ejecución de una operación militar a gran escala por parte de los Estados Unidos en territorio venezolano, el presidente Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El anuncio, realizado desde Mar-a-Lago, no solo ha transformado la realidad política de Caracas, sino que ha provocado un terremoto diplomático global, evidenciando una fractura profunda entre las naciones que defienden la soberanía nacional y aquellas que priorizan el fin de lo que califican como un “narcoestado”.
El operativo, que incluyó bombardeos estratégicos y la incursión de fuerzas de élite, ha generado una marea de pronunciamientos oficiales. Mientras algunos gobiernos celebran el “fin del régimen chavista”, otros han alzado la voz para denunciar lo que consideran una violación flagrante de los principios más elementales del derecho internacional. La comunidad internacional está dividida hoy. Por un lado, hay satisfacción por la caída de un gobierno cuestionado. Por otro lado, hay alarma por el precedente de una intervención armada unilateral en el siglo XXI.
En este contexto de alta tensión, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han emitido llamados urgentes a la moderación para evitar una escalada de violencia mayor. Sin embargo, el impacto ya es irreversible: las fronteras se refuerzan, los embajadores son llamados a consulta y el Consejo de Seguridad se prepara para una de sus sesiones más ríspidas en décadas. La pregunta sobre la legalidad y la legitimidad de esta acción militar domina la agenda de todas las cancillerías del mundo.
¿Es la intervención militar una violación flagrante del derecho internacional?
Las reacciones de rechazo han sido encabezadas por las principales potencias regionales de América Latina. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los bombardeos y la captura de Maduro “superan un límite inaceptable”. Para el líder brasileño, esta acción representa un precedente “extremadamente peligroso” que retrotrae a la región a sus épocas más oscuras de injerencia extranjera. Lula enfatizó que el multilateralismo ha sido herido de muerte por la ley del más fuerte, amenazando la estabilidad de la zona de paz que Sudamérica ha intentado construir.
En una línea similar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente las acciones militares unilaterales, señalándolas como una violación directa del Artículo 2 de la Carta de la ONU. México, que siempre ha sido un mediador, pidió el fin inmediato de cualquier agresión contra el pueblo venezolano. También destacó que el respeto a la soberanía es la única base para vivir en paz entre naciones. Para el gobierno mexicano, cualquier crisis interna debe ser resuelta por los ciudadanos del país. No se necesita la intervención de tropas extranjeras, sin importar cuán grave sea la situación.
Por su parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro arremetió con dureza contra lo que calificó como una “agresión a la soberanía de Venezuela y de toda América Latina”. Debido a la cercanía geográfica y el impacto de la migración, Petro ordenó más fuerza pública en la frontera. También convocó reuniones urgentes en la OEA y en la ONU. El líder colombiano repitió que los conflictos entre pueblos deben resolverse en paz. Dijo que Colombia buscará una respuesta coordinada para proteger a los refugiados que crucen la frontera después del ataque.
¿Cómo se posicionan los organismos internacionales frente al uso de la fuerza?
Desde Europa, la respuesta ha sido una mezcla de cautela diplomática y defensa de los procesos democráticos pacíficos. Kaja Kallas, en representación de la Unión Europea, hizo un llamamiento a la desescalada, aunque recordó que la legitimidad de Maduro estaba agotada. No obstante, la UE insiste en que la transición debió ser el resultado de un diálogo político y no de una intervención armada. En España, el presidente Pedro Sánchez dijo que está siguiendo de cerca los eventos. Pidió a todos los involucrados que actúen con responsabilidad. También pidió que se respete el derecho internacional. No celebró abiertamente la captura.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, también manifestó su rechazo a la intervención militar, reafirmando su adhesión a los principios de no intervención e integridad territorial. Boric, quien ha sido crítico con el régimen de Maduro en términos de derechos humanos, mantuvo su coherencia al señalar que la fuerza armada no es la solución para las crisis políticas. En contraste, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, vio la detención como una “gran noticia”. Dijo que la permanencia de Maduro en el poder solo ha traído inestabilidad, narcotráfico y una crisis migratoria sin precedentes en el cono sur.
¿Qué pasa con sus aliados?
Incluso aliados históricos fuera del continente han reaccionado con alarma. Rusia e Irán condenaron la agresión armada, calificándola de “pretexto insostenible” para un cambio de régimen forzado. Moscú mostró su gran preocupación por la posible remoción de Maduro por la fuerza. Teherán también dijo que esto afecta la paz en la región y la seguridad global. Ignorar la soberanía territorial es un problema serio. Por otro lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el Reino Unido no participó en la operación. También pidió que se respete el marco legal internacional en el trato de los detenidos y el futuro de la nación.
¿Qué gobiernos ven en esta acción un avance hacia la libertad hemisférica?
En el otro extremo del espectro político, varios líderes latinoamericanos celebraron la acción de Donald Trump como un paso necesario para “extirpar el cáncer del narcoterrorismo”. Javier Milei, presidente de Argentina, fue el primero en manifestar su júbilo. A través de sus canales oficiales, el mandatario argentino exclamó “La libertad avanza, viva la libertad carajo”, reafirmando su apoyo total a la decisión de los Estados Unidos. Para la Casa Rosada, esta intervención inicia una nueva etapa. Esto permitirá al pueblo venezolano recuperar su democracia. También se reconocerá la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se sumó a las voces de apoyo anunciando que a los “criminales narco-chavistas” les llega su hora. Noboa ofreció una alianza estratégica para reconstruir Venezuela, enviando mensajes directos a los líderes opositores María Corina Machado y González Urrutia. En Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras un breve silencio inicial, celebró la captura de Maduro. Otros gobiernos, como los de Paraguay y Bolivia (bajo su actual administración de centroderecha), coincidieron en que el colapso de la estructura estatal venezolana era ineludible debido a su transformación en un “narcoestado”.
El gobierno de Puerto Rico también se pronunció formalmente, indicando que la “acción decisiva” de Trump reafirma el compromiso de defender el Estado de derecho y los derechos humanos en el hemisferio. Estos sectores piensan que la intervención no es un ataque a la soberanía. La ven como un acto de justicia internacional. Este acto es contra una organización criminal que tomó control del estado venezolano. Esto ha afectado a toda la región. El crimen organizado y la expulsión de millones de ciudadanos son parte del problema.
¿Cómo afecta esta división internacional a la legitimidad de la transición venezolana?
La disparidad de opiniones plantea un desafío colosal para el reconocimiento de un futuro gobierno de transición. Mientras países como Panamá y Perú tienen una postura cauta, buscan una “solución rápida y pacífica”. Reconocen la ilegitimidad del régimen capturado. En cambio, naciones como Cuba denuncian un “terrorismo de Estado”. Ellos lo hacen contra lo que llaman la “América heroica”. Miguel Díaz-Canel exigió una reacción urgente contra lo que calificó de asalto criminal, advirtiendo que la “zona de paz” latinoamericana ha sido vulnerada.
Esta polarización no solo es retórica; tiene consecuencias operativas inmediatas. La exigencia de “pruebas de vida” por parte de los remanentes del gobierno venezolano y el estado de excepción declarado en Caracas complican cualquier intento de normalización. La ONU se encuentra ahora en la difícil posición de mediar en un escenario donde el presidente en funciones ha sido capturado por una potencia extranjera, un caso que pondrá a prueba la eficacia de los mecanismos de arbitraje internacional y la vigencia de la Carta de San Francisco.
Finalmente, la situación en Venezuela sigue evolucionando minuto a minuto. El éxito de la transición “safe and proper” que prometió Trump dependerá en gran medida de si logra convencer a la comunidad internacional de que esta intervención, a pesar de su naturaleza unilateral y militar, puede conducir a una estabilidad democrática real. Por ahora, el mundo observa con cautela, mientras el mapa político global se redibuja bajo la sombra de los helicópteros estadounidenses y el incierto destino de quien fuera, hasta ayer, el hombre fuerte de Caracas.
